LA CRISIS CARCELARIA EN EL MARCO DEL COVID-19

cárcel

El sistema penal acusatorio colombiano, es garantista lo cual se advierte desde el inicio de la legalización de la captura y con los subrogados penales en el momento de que se le definen la situación jurídica.

La Ley 599 del 2000 en su art. 38 describe la prisión domiciliaria, como aquel mecanismo sustitutivo de la prisión, que se da una vez cumplida la mitad de la pena.

Asimismo, el art. 64 ibídem indica que una vez cumplida las 3/5 partes de la pena, se podrá acceder a la libertad condicional.

De igual forma, el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993 modificado por la Ley 1709 de 2014) habla de beneficios por descuento en trabajo, estudio y permiso de las 72 horas.

Hasta aquí pareciera bastante garantista nuestro actual sistema penal,sin embargo vale preguntarse:

¿Qué tan garantista es nuestro sistema penal acusatorio cuando en el artículo 68A excluye los subrogados penales a más de la mitad de los delitos que contempla la Ley 599 de 2000?

El 22 de marzo de presente año, fue una noche negra, los reclusos a nivel nacional decidieron protestar y de manera aun inexplicable en la cárcel la modelo de la ciudad de Bogotá D.C., resultaron 23 muertos, de los cuales ni la Presidencia de la República, ni el Ministerio de Justicia, ni mucho menos el Director del INPEC, han dado explicación alguna.

Con el fin de calmar a la población carcelaria, después de todos estos malos sucesos, el Gobierno Nacional decidió declarar la emergencia carcelaria. Los noticieros de manera irresponsables informan que van a salir en prisión domiciliaria más de diez mil personas privadas de la libertad.

Después de esas noticias, comenzó a sonar nuestro celular de manera constante, uno contesta la llamada y es el reo manifestando “Dr. que ineficiente es, ya escuché en las noticias informaron que procede la prisión domiciliaria, si usted no puede yo la voy a solicitar” de igual forma comienzan a llamar, la esposa, el hermano, la mama, la abuela, el padrino y todo por culpa de la irresponsabilidad de nuestros medios de comunicación.

Llegó por fin el día, el 14 de abril del presente año, Decreto 546 eficiente y ágil, pero una vez leído la retórica de 31 páginas, llegamos a una conclusión:

Es totalmente ineficiente y obsoleto, excluye todos los delitos del art.68 A y solo procede para el delito de hurto cuando este cumple el 40% de la pena, entonces me pregunto:

¿Dónde quedaron los diez mil reos que se beneficiarían con prisión domiciliaria, según informaron los medios de comunicación y el Gobierno?

La realidad es otra, las prisiones domiciliarias transitorias, no superan los 200 presos.

Después del decreto ineficiente y no tener políticas de prevención, llega el Covid-19, para ser más precisos, en la cárcel de Villavicencio-Meta se presentaron 3 casos de los cuales fallecieron 2 por covid-19.

En la actualidad hay más de 420 infectados, los guardias temen contagiarse, pocos controles realizan en los patios como Santander, Colombia y quinta de seguridad.

No hay guardias, por fuera de la cárcel, ésta, se encuentra militarizada, los pocos guardias que existen o que cometen el riesgo, les da igual ver a los internos con celulares, prima la vida, los reos se niegan a entrar a las celdas y duermen por fuera del patio, lo informo porque más de un cliente de patio Colombia me avisó dicha situación la cual es real, ya van 3 días en huelga de hambre y el Gobierno no presta atención alguna a esta situación.

El Director del INPEC comete irregularidades y ordena el traslado de internos de Villavicencio a la cárcel de la picota de la ciudad de Bogotá D.C., y empiezan los primeros brotes de salud y ya vemos más cárceles contagiadas, hasta la fecha no hay investigación alguna en su contra.

El Brigadier General Norberto Mujica Jaime es el directo responsable de la salud y vida de los reclusos a nivel nacional.

Nuestros reclusos cada vez más contagiados y fallecidos, el Presidente Iván Duque Márquez y la Ministra Margarita Cabello Blanco son ineficientes en adoptar medidas y políticas para evitar más contagios, el decreto es inútil y cada vez estan más desamparadas las personas privadas de la libertad y hoy en día el sistema carcelario colapsó, toda persona que comete el hecho punible,le será definida su situación jurídica en prisión domiciliaria.

Los reclusos a pesar de cometer errores son personas y al ser personas poseen derechos, nuestro sistema penal acusatorio no es tan garante en pleno covid-19. Es lamentable: ¿Dónde está el derecho internacional humanitario?, ¿Dónde están las ONG´s?, guardan silencio total.  

Doctor Alex Parrado

Abogado especialista en Derecho Penal.

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