TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE TU DERECHO A REGRESAR AL PAÍS.

En primera medida, es importante poner a consideración que la Declaración Universal de los Derechos humanos de las Naciones Unidas en el numeral segundo del artículo 13 de advierte que:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

¿La libre locomoción y el retorno al país pueden ser limitados en un estado de Excepción?

En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH con ocasión de la pandemia mundial de la COVID-19, expidió la Resolución 1/2020, en la que recomendó entre otras, a los países miembros, la protección de los derechos fundamentales a la libre locomoción, cuando estos declaren el estado de excepción para contrarrestar el coronavirus, tal como lo dispone la Convención Americana de Derechos Humanos CADH.

De igual forma, en cuanto a la protección de los derechos al retorno de ciudadanos a su país de origen, el mencionado organismo indicó en dicha resolución:

“(…)

60. Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y 19 apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar

61. Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.

(…)”

De lo anterior es claro, que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH como la Convención Americana de Derechos Humanos CADH velan por la protección de los derechos a la libre locomoción y retorno de los ciudadanos a sus territorios, partiendo de recomendaciones a los Gobiernos que ante la crisis de la COVID-19, han declarado el Estado de Excepción y que procura de mitigar su propagación, podrían restringir tales derechos.

En lo que atañe a Colombia, la Corte Constitucional en Sentencia SU-257/97 señaló al respecto lo siguiente: “La Corte ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el carácter fundamental de la libertad de locomoción y residencia de las personas, la cual no puede ser obstruida por la autoridad pública sino en los casos y bajo las circunstancias que el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales sobre derechos humanos autorizan. (…)Puede la ley, por razones de prevalencia del interés general, establecer reglas que obliguen al individuo y le resten posibilidades de movimiento en el territorio, pero le está vedado soslayar los principios, valores y derechos constitucionales. La libertad del legislador va justamente hasta el límite que trazan la vigencia y la eficacia de ello.”

Ahora, respecto a los límites de afectación de la libre locomoción, este alto Tribunal indicó en esa misma decisión que: “El ejercicio de la libertad de locomoción puede, en algunas ocasiones, comprometer el orden público, motivo por el cual el legislador extraordinario, cuando ha sido declarado el Estado de Guerra o el de Conmoción Interior, siempre que la medida en concreto guarde relación exclusiva, directa y específica con las causas que han determinado la perturbación, está facultado para imponer límites a dicho ejercicio con el fin de lograr el restablecimiento de la normalidad. Se trata de la imposición de obligaciones o prohibiciones extraordinarias, pero razonables, que el Estado exige a los particulares para sostener la estabilidad institucional, la pacífica convivencia y la seguridad jurídica, no menos que la eficacia de los demás derechos y libertades.”

Es así, que el máximo Tribunal Constitucional advirtió en esa oportunidad que:

El derecho a la libre locomoción no podía ser restringido por ninguna autoridad pública, sino en aquellos casos en los que existieran circunstancias que se encuentren establecidas dentro el ordenamiento jurídico Constitucional y tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, señaló unos límites de afectación de la libre locomoción, por ejemplo, cuando se presentan eventos que afectan el orden público, que conllevan a la declaratoria de un estado excepcional (Estado de Guerra o Conmoción Interior), siempre y cuando la medida adoptada tenga relación directa con la situación que generó la perturbación, llevándola a imponer términos a dicho ejercicio con el objetivo de restablecer el normal funcionamiento del Estado.

¿Los decretos expedidos por el Gobierno Nacional vulneran derechos fundamentales a la libre circulación y al retorno al país?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) quien es la entidad encargada a nivel mundial de coordinar los asuntos de sanidad en el sistema de la Naciones Unidas, declaró el pasado 11 de marzo de 2020 como pandemia a nivel mundial la COVID-19.

El Gobierno Nacional en procura de contrarrestar el posible brote a nivel nacional de la COVID-19, profirió el 17 de marzo de 2020 el Decreto 417 de 2020, en el que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por el término de 30 días.

Seguidamente, expidió un sin número de Decretos reglamentarios, entre los que se encuentra, el 439 del 20 de marzo de 2020, en el que ordenó la suspensión y desembarque de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea.

Conforme a lo anterior, es claro que el Gobierno Nacional a la hora de declarar el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica profirió los referidos Decretos reglamentarios con base en artículo 215 de la Constitución Política, que hace alusión a las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para tomar medidas frente a situaciones que afecten el orden público.

En ese sentido, es importante señalar que la Ley 137 de 1994, la cual regula los estados de Guerra Exterior, Conmoción Interior y Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 3º le da prevalencia a los tratados internacionales suscritos por Colombia en el marco del principio pro-homine y la restricción frente a la suspensión de derechos fundamentales.

De igual forma, dicha normativa en su artículo 4º advierte que los derechos fundamentales deben ser garantizados y de ninguna manera podrán ser suspendidos.

De tal suerte, podemos concluir que una de las políticas de Gobierno Nacional encaminadas a mitigar la pandemia de la COVID-19, fue la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y con ello, la expedición de varios Decretos reglamentarios, entre los que se encuentra, el Decreto 439 del 20 de marzo de 2020, que restringe la entrada aérea de nacionales al país, que en nuestro criterio, trasgreden los derechos a la libre circulación y al retorno al país de los ciudadanos.

Lo anterior tiene asidero en que, la limitación se presenta precisamente por la imposibilidad excepcional de poder arribar al territorio de los nacionales que se encuentren en el extranjero, y con ello, desprotegerlos de los derechos fundamentales que le fueron concebidos por la Constitución Política y que en la actualidad son sujetos de especial protección Constitucional, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se agudiza, con las políticas restrictivas de no permitir su entrada a su país de nacimiento, que en algunos casos lleva a poner en riesgo sus condiciones mínimas vitales.

Ahora, si bien es cierto que la Corte Constitucional advirtió en uno de sus pronunciamientos que la libre locomoción no puede ser restringida por ninguna autoridad pública, sino en aquellos eventos en que, la medida adoptada tenga relación directa con la situación que generó la perturbación, también lo es que para llegar a limitar tales derechos fúndameles se deben crear políticas que afecten en lo mínimo dicha restricción y con ello, evitar un perjuicio irremediable a sus connacionales.

Es decir, que si bien el Gobierno dentro de sus poderes Constitucionales puede limitar derechos fundamentales, también lo es que éste, debe tomar medidas que eviten un impacto directo a los ciudadanos que se les fueron restringidos sus derechos.

No obstante, observamos que actualmente la medida de impedir el acceso aéreo al territorio nacional, no guarda en conjunto una política alterna encaminada evitar un sufrimiento a los ciudadanos que por diferentes situaciones desean regresar al país, los cuales como se advirtió en renglones anteriores se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Entre las políticas que se requieren para tal propósito, esta el de crear medios de repatriación dignos para cada uno ellos, y con ello, permitir la entrada aérea de éstos, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad que se requieren para tal fin.

Sin embargo, en la actualidad, dichas políticas no han sido puestas en consideración por el Gobierno Nacional, en procura de repatriar a los colombianos que se encuentran fuera del país y que se hallan en un estado de vulnerabilidad, por carecer en algunos casos con los medios suficientes para su manutención en época de pandemia.

Situación que los hace sujetos de especial protección constitucional, condición que le es atribuible a aquellas personas que debido a condiciones particulares, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos.

¿Qué acción legal tiene el ciudadano para hacer valer sus derechos en Estado de Excepción?

El mecanismo legal que cuenta el ciudadano para hacer valer sus derechos fundamentales se llama la Acción de Tutela, la cual está prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y regulada en el Decreto 2591 de 1991.

Este mecanismo constitucional, tiene como objetivo fundamental garantizar de manera inmediata los derechos fundamentales, el cual cuenta con un procedimiento breve y sumario que tiene como rasgos esenciales la subsidiariedad y la residualidad, toda vez que sólo procede si no existe otro mecanismo judicial ordinario de defensa de los derechos que se consideran amenazados.

¿Procede la acción de tutela en los estados de excepción en Colombia?

Primero que todo, el Estado de Excepción lo podemos definir como aquel mecanismo de defensa nacional contemplado dentro del ordenamiento jurídico de un país, con el fin de contrarrestar exclusivamente situaciones extraordinarias que afectan el libre funcionamiento del Estado. Entre estas encontramos, las epidemias o pandemias (COVID-19), guerras, catástrofes naturales, etc.

En Colombia lo tenemos regulado en los artículos 212, 213 y 214 de la Constitución Política (Estados de Guerra Exterior, Conmoción Interior y Emergencia Económica, Social y Ecológica), en los que se advierte que dicho poder constitucional está en cabeza del Ejecutivo, quien tiene la potestad de aplicarlo en aquellas situaciones que afecten el orden público.

Para el efecto, el Gobierno puede expedir decretos legislativos que tendrán la fuerza de suspender aquellas normativas que contraríen el estado excepcional, las cuales perderán su eficacia una vez se restablezca el orden público que la originó. Además, podrá ser renovada hasta por noventa días más.

De conformidad con el artículo 57 de la Ley 137 de 1994 “por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”, la acción de tutela es procedente aún en los Estados de Excepción, eso sí, teniendo en cuenta los términos fijados y las disposiciones establecidas en la Constitución Política.

De igual forma, el artículo 1º del Decreto 2591,también advierte que la mencionada acción de amparo constitucional es procedente aun en los Estados de Excepción.

De tal suerte, de acuerdo con el con la normativa citada, la acción de tutela puede ser presentada por cualquier individuo, inclusive dentro de cualquier Estado de Excepción declarado por el Gobierno en procura de garantizar el orden público, por lo que su procedencia no se encuentra limita por tal evento extraordinario.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-018 de 1993 advirtió en ese momento, que el citado artículo del Decreto que regula la acción de tutela señala que, a pesar de que exista una declaratoria de Estado de Excepción, la acción de amparo constitucional no podrá restringirse para su presentación.

Es claro entonces, que el mencionado poder que creo el constituyente en pro de la protección derechos, no lo restringe siquiera estos estados excepcionales (Estados de Guerra Exterior, Conmoción Interior y Emergencia Económica, Social y Ecológica), en los que el Presidente de la República le es otorgado un poder especial para tomar decisiones frente a una determinada situación en particular que afecta la cotidianidad de un Estado.

Por tal motivo, los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de los efectos generados por los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional en un Estado de Excepción (Emergencia Económica, Social y Ecológica), como lo es, el de circular libremente por el territorio nacional (Libre locomoción) y retornar a este, podrá interponer la presente solicitud de amparo constitucional.

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