LAS FOTOMULTAS LAS PAGA EL CONDUCTOR, NO EL DUEÑO DEL CARRO

Decisión de la Corte sobre la responsabilidad del dueño del carro en el pago de las fotomultas

La Corte Constitucional mediante la sentencia C-038 de 2020 consideró que el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 que establecía una responsabilidad solidaria entre el dueño del carro y el conductor por las contravenciones de tránsito detectadas por el sistema de ayudas tecnológicas (fotomultas), violaba el debido proceso del propietario del carro.

Indicó que para poder condenar al propietario del vehículo en el proceso contravencional debía demostrarse que este participó en la infracción y la cometió de manera culpable.

Precisó que si bien en materia sancionatoria administrativa es posible la solidaridad, lo es bajo la condición de que se garantice en todo momento el derecho al debido proceso.

En ese sentido, es al Estado a quien le corresponde demostrar que la infracción fue cometida de manera culpable por todas y cada una de las personas a quienes se les endilga la responsabilidad.

Concluyó diciendo que si bien con la disposición acusada de inconstitucional se le permitía al dueño del carro participar en el proceso contravencional en realidad su derecho a la defensa era vulnerado pues no le era dable asumir su defensa  en lo relativo a la imputabilidad y la culpabilidad, al hacer directamente responsable al propietario del vehículo de la falta, por el solo hecho de ser el dueño del mismo “-imputación real, mas no personal-“.

Y finalmente advirtió que la solidaridad seguirá vigente respecto de los vehículos vinculados a empresas de transporte frente a las infracciones imputables a los propietarios o a las empresa (C-089 de 2011).

Si te han puesto un comparendo esto es lo que debes saber

¿Las fotomultas se mantendrán vigentes?

La decisión de la Corte no implica que no puedan seguir operando las fotomultas, pues precisamente estas son un sistema constitucional de detección de infracciones por lo que podrán seguir funcionando.

¿Las sentencias de inexequibilidad producen efectos hacía el pasado o hacía el futuro?

La Corte Constitucional en la SU-037 de 2019 precisó que por regla general la declaratoria de inexequibilidad de una disposición produce efectos hacía el futuro (ex nunc) en aras de garantizar la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico, salvo que en el mismo fallo y por razones de orden constitucional se dispongan efectos temporales distintos o incluso se pueda establecer el instante desde el cual se debe entender expulsado del ordenamiento jurídico el precepto declarado inconstitucional.

Lo anterior significa que las situaciones jurídicas consolidadas, en prinicpio se reputan legítimas y ajustadas al ordenamiento jurídico vigente.

La propia Corte Constitucional desde la sentencia C-037 de 1996 se refirió al tema para indicar de manera puntual que la sentencia que declara la inexequibilidad de una ley, tienen efectos hacia el futuro (ex nunc) a menos que la misma Corte resuelva lo contrario.

Y, en esa misma oportunidad precisó: “(…) las situaciones jurídicas ocurridas antes de la sentencia y que se encuadren en dicha norma son susceptibles de su aplicación, y estén llamadas a generar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes, independientemente de que se trate de situaciones jurídicas consolidadas o no, puesto que cuando los efectos de la desaparición de una norma son ex nunc, se presenta el fenómeno de la prospectividad de la misma, es decir, que sigue produciendo efectos en el tiempo respecto de las hechos ocurridos bajo su vigencia, con excepción de las materias o asuntos que por mandato constitucional estén cobijados por el principio de favorabilidad,  esto es, de la aplicación de la norma más favorable.” (Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad. 11001-03-15-000-2000-00537-01, sentencia de 14 de agosto de 2006.)

Así mismo el Consejo de Estado ha precisado que cuando se declara la inexequibilidad de una ley en que sirvió de sustento para la expedición de un acto administrativo, se produce el decaimiento del acto administrativo por la pérdida de su fuerza ejecutoria.

¿Qué es la fuerza ejecutoria de un acto administrativo?

El carácter ejecutorio de los actos administrativos se encuentra consagrado en el artículo 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prescribe:

“Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional”

¿Qué implica la pérdida de fuerza ejecutoria?

La pérdida de fuerza ejecutoria implica para la administración la pérdida de su facultad para lograr su cumplimiento. Básicamente el acto administrativo se convierte en letra muerta.

¿Cuáles son las causales para para que un acto administrativo pierda ejecutoriedad?

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia

Es importante precisar que la perdida de la fuerza ejecutoria implica para la administración la pérdida de su capacidad coercitiva para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo, más no la desaparición de dicho acto del ordenamiento jurídico, pues ello en manera alguna afecta su validez y la presunción de legalidad que lo cobija.

En ese sentido, resulta necesario el ejercicio del medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho para lograr la exclusión del ordenamiento jurídico de dicho acto administrativo.

En este sentido cabe recalcar que la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo produce efectos hacía el pasado, o lo que es lo mismo ex tunc “ desde entonces”.

¿Es posible demandar la nulidad de los efectos de los actos administrativos que han perdido su fuerza ejecutoria?

Claro que si. Ha si lo ha reconocido el Consejo de Estado en múltiples oportunidades.

En sentencia del 7 de diciembre de 2016 (11001032500020120057100 (2139-2012))  reiteró su posición al respecto al indicar que el hecho de que se presente la figura del decaimiento del acto administrativo  no impide que se adelante su juicio de legalidad  en la medida en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se producen hacia el futuro.

En ese sentido, en esos casos es posible estudiar la legalidad del mismo puesto que:

“i) pueda que el acto administrativo haya producido efectos y que los mismos aún estén surtiéndose; y

ii) la ocurrencia del decaimiento no afecta la presunción de legalidad del acto y su control debe hacerse frente a las circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento de su expedición.”

Y ello es así, pues la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos sólo puede ser desvirtuada por el juez competente, por lo que ni la derogatoria del mismo ni su decaimiento afectan su válidez de manera automática. Para ello se requiere adelantar el juicio de legalidad.

¿Le asiste responsabilidad al Estado por los daños causados con leyes inconstitucionales?

El Consejo de Estado ha sido claro en advertir que solo hay lugar a declarar la responsabilidad del estado por el hecho del legislador cuando el daño provenga del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas o por la defraudación del principio de la confianza legítima.

Así no basta con que se determine la inexequibilidad de la norma para que se hable de daño antijurídico, por el contrario, se requiere que en el proceso de reparación directa el afectado demuestre que: sufrió un daño con ocasión de la aplicación de una norma legal, declarada inexequible con posterioridad, con efectos retroactivos.

Conclusión

Salvo que la Corte Constitucional decida en este caso modular los efectos de la sentencia en un sentido particular, de una parte los actos administrativos que ya impusieron la multa pero que no han sido pagados, han perdido su fuerza ejecutoria por lo que la administración no podrá hacerlos cumplir.

Por su parte quienes ya cancelaron la multa podrán iniciar un juicio de legalidad sobre el mismo en aras de lograr la declaratoria de nulidad. Sentencia que como ya se explicó producirá efectos ex tunc, lo que implica que las cosas vuelvan al estado anterior.

Es decir, las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto.

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