EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Gracias al Acto Legislativo 03 de 2002 se reformaron algunos artículos de la Constitución Política de Colombia de1991, en especial el articulo 250 permitiendo que el poder de acusar tan amplio que tenía la Fiscalía General de la Nación e igualmente su amplia autonomía sin ningún tipo  amplio de control de inspección de lo actuado tuviera un control. 

Control que a partir del año 2005 se daría por parte de un Juez de Control de Garantías, que desde la perspectiva del artículo 534 de la Ley 600 del año 2.000 se entendería como funcionario judicial tanto al juez como al fiscal.

Para entender la importancia del Juez de Control de Garantías y la excesiva preponderancia del poderío del fiscal, trataremos de estudiar la sentencia 1001 de 2005 MP. Doctor ALVARO TAFUR GALVIS, que declaró inexequible (significado que según la RAE quiere decir: que no se puede hacer, conseguir o llevar a efecto); el artículo 300 de la Ley 906 de 2004 o código de procedimiento penal.

La Corte Constitucional entra a examinar determinando que con lo planteado en este articulo 300 de la Ley 906 de 2004 o código de procedimiento penal, se vulnera el artículo 28 de la constitución política porque se suprime el requerimiento de tan importante mandamiento escrito de autoridad judicial competente que a la luz del nuevo sistema penal acusatorio es el juez de control de garantías el encargado de emanarlo. Quedando la ciudadanía sojuzgados por versiones y clasificación que establezca la Fiscalía General de la Nación para emanar orden de captura excepcional.

Referente al carácter de la limitación del derecho a la libertad el artículo 28 de la constitución política dispone que nadie puede ser molestado en su persona o familia ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, la persona detenida preventivamente tiene que ser puesta a disposición del juez competente, con el nuevo sistema penal acusatorio es el Juez de Control de Garantías, dentro de las treinta y seis horas siguientes para que adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

Según lo dispuesto en el artículo 250 numeral uno de la constitución política de Colombia en caso de que la Fiscalía General de la Nación realice excepcionalmente capturas facultada por la ley obviamente, es el Juez de Control de Garantías que dentro de las 36 horas siguientes realizara el control respectivo, velando por la garantía y cumplimiento de la orden constitucional y legal en cada caso en concreto claro de acuerdo también al artículo 297 del Código de Procedimiento Penal que nos habla de los requisitos generales de la captura.

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Las funciones competentes del juez de control de garantías las encontramos enumeradas en la página 36 de la sentencia en estudio.

  • Primero: Un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad;
  • Segundo: Un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación.
  • Tercero: Un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas.
  • Cuarto: Un control sobre la aplicación del principio de oportunidad.
  • Quinto: Decretar medidas cautelares sobre bienes.
  • Sexto: También autorizara cualquier medida adicional que comprometa afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución.

Así se concluye en esta sentencia que para el Juez de Control de Garantías se requiere de orden escrita con las formalidades legales, dicho requisito no se señala para el fiscal o su delegado en la norma acusada artículo 300 del Código de Procedimiento Penal que hace referencia a que es imposible conseguir inmediatamente orden judicial.

La Corte en esta sentencia resuelve inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo relacionado con la acusación formulada en contra del artículo 300 de la Ley 906 de 2004, porque hay un desconocimiento del mandato contenido en el inciso introducido en el artículo 28 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 02 de 2003 declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C 816 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda y segundo declarar inexequible el artículo 300 de la Ley 906 de 2004.

Autor: Doctor Daniel Bacca

Especialista en Derecho Penal

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