NTERVENCIONISMO Y CORRUPCIÓN, LA MANO NEGRA DEL ESTADO

AUTOR DR. OMAR LEONARDO HERRERA RINCÓN

RESUMEN

Con el pasar de los años las economías se han globalizado, los países en su gran
mayoría han capitalizado su concepción económica de estado, se han generado
grandes libertades a los dueños del capital, en su gran mayoría con exorbitantes
beneficios para las comunidades en general.

La historia de la humanidad nos ha demostrado que la diversificación, dinamización
y cooperación internacional de la economía, ha llevado a una mejora significativa
de la calidad de vida de los habitantes del mundo.
Lamentablemente existen países donde se ha prostituido la idea de una economía
diversificada, a su vez se castiga la inversión extranjera y el emprendimiento local,
aun cuando en el papel son países abiertamente democráticos, industrializados y
dedicados al libre comercio.

Es por esto que he decidido enfocar este articulo a la viciada economía colombiana,
al desmedido intervencionismo del estado en su dinámica económica, al
clientelismo y a la corrupción política, que no persiguen nada más que fines
económicos. Finalmente espero poder dar pinceladas de lo que considero sería el
mejor enfoque económico para un país como el nuestro, en aras de profundizar en
la necesidad de un cambio urgente del modelo político que solo busca de manera
desmesurada acumular riqueza de forma inadecuada.

I. COLOMBIA

Nuestro país celebrara para la presente anualidad, 211 años desde la
conmemoración de la firma del acta de la revolución, 211 años que han sido a todas
luces un avance tecnológico, económico, legal, cultural, entre otros, hemos sido
testigos de gobiernos liberales, conservadores y ultimadamente algunos que no se
consideran en ninguna de estas corrientes políticas, pero finalmente hay dos
premisas que reinan entre cualquiera de los gobiernos de turno que son y siguen
siendo un patrón entre los gobernantes, la primera tiene que ver con la
desmesurada necesidad de crear políticas y derechos sociales con el fin de
acaparar un conglomerado de ciudadanos desfavorecidos en una corriente un tanto
absurda; por otra parte está la idea del intervencionismo y la excesiva participación
del estado en cada una de las actividades financieras, sociales, militares y cuantos
otros puedan existir.

Pero bien, antes de ahondar en estas ideas, se hace imperativo para los ajenos a
nuestra legislación, contextualizar el país colombiano, nuestro país es
constitucionalmente un “Estado social de derecho” de conformidad con lo plasmado
en la constitución política de 1991, que fue la última aprobada para el ejercicio de la
soberanía y ciudadanía. Un estado social de derecho puede ser definido como aquel
donde se fortalecen los servicios y se garantizan los derechos, hasta cierto punto
no es un error de fondo o de interpretación sino por el contrario un error de
implementación, por ejemplo, fortalecer los servicios no traduce el poner las manos
del estado sobre cada uno de ellos sino buscar el ejecutor ideal para el desarrollo
de los mismos, en lo que se refiere a la garantía de los derechos no es un concepto
que Per se, traduzca la creación indiscriminada de derechos uno tras otro.

En Colombia se han dado día tras día ideologías basadas en el garantismo de
derechos cada vez más descabellados, se han generado subsidios por más del diez
por ciento del PIB en asistencias, llegando incluso a tener alrededor de 62
programas de subsidios sociales, ahora bien, este pensamiento no solo es de la
ideología de izquierda, también la derecha ha adoptado estas medidas populistas,
que más que beneficiar a una comunidad, en general buscan desmedidamente
generar adeptos a sus corrientes.

I.II FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Uno de los objetos principales del estado social de derecho es el fortalecimiento de
los servicios, este es entendido como la solidificación de cada una de las ramas del
poder público que constituyen un estado y los servicios esenciales que llevan
calidad de vida a sus habitantes, en el caso colombiano están las tres ramas del
poder público Ejecutivo, legislativo y Judicial.

1.0 Manual de Estructura del Estado Colombiano, Recuperado de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
A esto se aúna de conformidad con la misma constitución Política de 1991, la
descentralización del estado con entidades territoriales, órganos independientes,
organismos de control y el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición, este último es ejecutado principalmente desde los tribunales de la JEP
desde el acuerdo de paz celebrado en la Habana en el año 2016.

Son estas entidades en general las encargadas de fortalecer los servicios, ya sea a
través de la ejecución, vigilancia, control o administración de los mismos.
Pues bien, se entiende que el estado debe administrar justicia, ejercer el control de
la prestación de servicios como los públicos, el transporte, la salud, la educación y
todos aquellos inherentes al bienestar de la sociedad; evidentemente desde la
postura del estado social de derecho, el error garrafal está en el excesivo
intervencionismo sobre estas entidades y quizás peor aún, en el querer ejercer la
administración directa de algunos de estos.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el ejercicio de la educación, el costo
promedio de un estudiante en universidades públicas es de trece millones de pesos
semestrales, recursos que provienen de la nación, el departamento y aportantes
privados, mientras que el costo promedio en universidades privadas como la Santo
Tomas De Aquino, es de seis millones de pesos para semestre de pregrado, es
decir que la intervención del estado en el sistema educativo sobrepasa por más del
doble el promedio de costos de una universidad privada, ahora bien en el tema de
la calidad institucional tenemos que en el ranking nacional de conformidad con la
firma QS Quacquarelli Symonds, encontramos tres universidades públicas y siete
privadas, lo que a todas luces muestra que la educación pública no por tener más
recursos es la de mayor cualificación; Se hace imperativo entonces cuestionarse
sobre la administración de los recursos asignados al ministerio de educación.

Según información del IES o Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior, para el año 2018 un promedio de 2.400.000 estudiantes se matriculó en
universidades, de los cuales poco más del 50% fueron en universidades públicas,
es decir que en cuentas simples el sobrecosto de la educación superior en el país
esta alrededor de ocho billones cuatrocientos mil millones de pesos, una cifra
realmente descabellada si consideramos que solo aquí hay más de un 2.5% del PIB
del país. Ahora bien, este mismo ejercicio se podría hacer en educación media,
educación primaria y en tantos lugares como el gobierno tuviese acceso.

El porqué del sobrecosto radica en el excesivo disponer de los recursos, en el pasar
de mano en mano de los mismos, en la entrega de dineros del gobierno al
departamento, del departamento al municipio, del municipio a la secretaria de
hacienda, de hacienda a las instituciones, de las instituciones a los contratistas y de
los contratistas a los subcontratistas, en este ejercicio y no por mera voluntad del
autor sino por información que es de carácter público, se sabe que en cada una de
las manos que intervinieron se quedaron recursos a su paso, que aun incluso los
últimos de la cadena que son quienes realmente ponen su trabajo, deben disponer
de un porcentaje de su salario para pagar el favor a quienes los provisionan en sus
cargos.

La gran incógnita de este ejercicio es, ¿porque el estado continúa ejecutando el
presupuesto para educación?, sin dejar de lado la necesidad de una educación para
todos, está demostrado que los privados son mejores administradores de recursos
que las ramas del poder público en general, por ende es mucho mas simple
contratar bonos educativos con universidades privadas que por su volumen serán
de incluso menor costo que una matrícula ordinaria en entidad privada, para
garantizar esa educación de calidad a quienes no pueden costear dicho gasto, de
esta manera evitaríamos el costo del clientelismo y fortaleceríamos las empresas
dedicadas a la educación en el país.

Esta misma dinámica podríamos aplicarla a los servicios de salud, al transporte, a
la seguridad, a los grupos energéticos, a la construcción de vías y holísticamente a
todas las intervenciones estatales, pero finalmente solo caeríamos en la
redundancia y llegaríamos al mismo punto, fortalecer los servicios no es fortalecer
el intervencionismo, es sencillamente buscar al mejor postor costo beneficio y
entregar las funciones de ejecución y creación, bajo la vigilancia administrativa.

I.III GARANTIZAR LOS DERECHOS

Garantizar derechos a los ciudadanos es parte de la idea del estado social de
derecho, esta idea al igual que el fortalecimiento de los servicios, trae consigo el
error de implementación, error que fue replicado a través del tiempo por los
diferentes gobiernos de turno.

El descalabro financiero, la decadente administración de recursos, la deficiente
distribución de capital, entre otros, nos han llevado en los últimos veinte años, a
pasar de una deuda externa de veinte mil millones de dólares con un PIB cercano
a los ciento diez mil millones de dólares, a una deuda externa de ochenta mil
millones de dólares con un PIB de ciento sesenta mil millones de dólares.

Es decir que multiplicamos por cuatro nuestra deuda mientras que tan solo
aumentamos nuestros ingresos menos de 1.5 veces; para ser más gráfico y con
números cerrados, diré que somos una familia que en el año 2000 se ganaba un
millón de pesos, en el año 2020 se gana un millón quinientos mil pesos, pero que
en el año 2000 debía de ese millón tan solo doscientos mil, mientras que en el año
2020 debe ochocientos mil. Esto es tan solo una explicación de los constantes
errores en el manejo financiero de las arcas del estado que nos demuestra una vez
más, el desatino que hemos puesto en marcha con el mal llamado estado social de
derecho.

2. Deuda externa histórico 2000 a 2020, Banco de la Republica de Colombia recuperado de;
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bdeudax_t.pdf
Gran parte del incremento de la deuda y la falta de recursos, se debe a ser un estado
que garantiza derechos sociales como la educación y salud, a su vez afecta en gran
proporción el proveer bienes y servicios como alcantarillado, energía eléctrica o
infraestructura vial, educativa, recreativa, entre otros.

El gasto público en Colombia para el año 2021 representa un rubro de casi 314
billones de pesos de los cuales se distribuyen el 24% para deuda externa, 15% para
educación, 11% para salud, 9% para defensa, 9% para trabajo, 7% para hacienda,
6% para otros sectores, 5% para prosperidad social, 4% para transporte, 4% para
policía, 2% para minas y energía, 2% para rama judicial, 2% vivienda, 1% fiscalía y
1% para justicia; cifras que nos da el Observatorio Fiscal de la universidad Pontificia
Javeriana.

El gasto público se financia principalmente de impuestos que pagamos los
contribuyentes, finalmente trabajamos y nuestra empresa paga por producir (IR),
nos pagan nómina y pagamos impuesto por transacción bancaria (4×1000),
compramos productos y pagamos impuesto por comprar (IVA), vendemos
productos y pagamos impuestos por vender (RF), utilizamos carreteras y pagamos
impuestos por uso (Peajes), usamos transporte aéreo y pagamos impuesto por volar
(Tasa aeroportuaria), y podría seguir con decenas de ejemplos de cada movimiento
financiero que damos y cada peso que nos quita el estado por dichos movimientos,
estos impuestos solo generan pobreza y deserción de inversión extranjera, lo que
desemboca en desempleo y miseria.

La excusa a lo largo de los años para la generación de estos auxilios financieros,
ha sido la extrema pobreza y la precaria situación de algunos sectores del país, lo
que no se han detenido a pensar es que estos factores no son propios de nuestra
demografía, han sido creados con el pasar del tiempo por el uso inadecuado de los
recursos y el interés evidente en poder manejar los mismos; ¿Qué pasaría si
dejásemos de dar subsidios y empezáramos a generar empleo?, es simple
desaparecerían los factores que con los años han sido la razón de ser de los
derechos sociales en su mayoría, evidentemente no es tan simple como se plasma
pero no es imposible y la manera para llevarlo a cabo es iniciando.

II. DE LA DISTOPIA A LA UTOPÍA

Lo manifestado por el actual ministro de hacienda Alberto Carrasquilla Barrera,
sobre la falta de financiación del estado, no es algo novedoso, año tras año el estado
trabaja con los dineros recaudados de manera precaria, lamentablemente el
gobierno actual en su desesperado intento de ganar partidarios ante su notoria
ineptitud, acrecentó y acelero este desfalco, fueron desarrolladas ideas como el
Programa de Apoyo al Empleo Formal, Auxilio de desempleo, Ingreso Solidario,
Familias en Acción, Auxilio al Adulto Mayor, ser Pilo Paga, Jóvenes en Acción, entre
otros, de tal manera que los fondos de contingencia, fondos comunes y presupuesto
de la nación, fueron saqueados a una velocidad excesiva.

Por otra parte, ya hemos vivido la situación donde los organismos descentralizados
han sido desfinanciados por el manejo inadecuado de los recursos y el
sobreendeudamiento adquirido por los mismos, esta potestad solo ha logrado que
los recursos estatales deban desviarse una y otra vez para solventar la inoperancia
de los organismos de control, ¿qué más hace falta para que entendamos
definitivamente el funcionario público no es idóneo para administrar recursos?; No
falta mucho, lo mas seguro es que ya hay estudiosos que encontraron que así
funciona y que están errados, lo que sucede en la practica es que al carecer de
poder político o capacidad de difusión su conocimiento se queda en un rincón y no
es divulgado, situación que se acrecienta al estar en un país donde una porción
significativa de la población lee pasquines amarillistas, mientras que los periodistas
objetivos son despedidos de sus cargos.

Es urgente que desde entidades como el Congreso de la república, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, el ministerio de Hacienda e incluso, el gobierno
nacional, se generen políticas de inversión, reinversión, acceso territorial,
transparencia, laborales y presupuestales, que concedan atractivo para la inversión
extranjera y local.

La inversión extranjera no solo genera riqueza para el inversor, también genera
empleo para la sociedad en diferentes niveles, desemboca en un fortalecimiento del
poder adquisitivo de los connacionales, atrae más inversión y finalmente fortalece
el aparato productor; ejemplo de esto se da en la tarea agrícola, donde un
campesino que posee cuatro hectáreas de terreno, puede manualmente cultivar dos
de ellas, a una velocidad de una arroba por día de X producto y un porcentaje alto
de desperdicio y perdidas, al tener una inversión ajena a sus medios de producción,
podrá disponer de maquinaria que tecnifique su terreno, facilite su cultivo,
recolección, distribución y disposición final, con lo cual pasara de cultivar dos
hectáreas y una arroba día, a procesar técnicamente cuatro hectáreas, y hasta 4
arrobas por día, llegando así a cuatro veces su producción con un menor esfuerzo
y menores perdidas, de esta manera el inversor deberá llevar el 50% del total de la
producción, y aun así el campesino habrá logrado duplicar sus ganancias y disminuir
su esfuerzo.

A pesar de que este es un ejemplo somero y no técnico, podríamos
llevarlo a la practica con cada una de las ramas económicas que podamos imaginar,
no es un simple capricho, es la evidencia científica que demuestra que la
tecnificación de los procesos mejora la producción, disminuye costos y eleva el
poder adquisitivo de los intervinientes.

Retomando los pasos del ejemplo anterior y la realidad de nuestro país, al inversor
extranjero se le retendría por concepto de impuestos gubernamentales parte de sus
ganancias, por concepto de trasladar sus fondos a su país otra parte de las mismas,
por compra de equipos e insumos otro porcentaje y hasta por el hecho de
transportar su producto deberá pagar tributo, lo cual evidentemente conlleva a un
desincentivo de este inversor, que estudiara detenidamente las imposiciones que
cada país tenga y evidentemente llevara su capital a donde más le convenga.

A este fenómeno lo llamaremos migración de recursos, y contrario a la creencia
popular no solo distancia la inversión extranjera, también es un revés a los
empresarios locales, quienes con su trabajo, inversión, dedicación y ahorro, logran
capitalizar sus empresas, pero que al llegar a un punto determinado encuentran que
sus tributos son excesivamente altos y empiezan a concurrir con la migración de
recursos, es decir su empresa produce un millón en ganancia neta mensual, pero
de reinvertir este capital superara topes legales que le impondrán una carga
adicional, con lo cual el productor que generaba 300 empleos ahora genera solo
150 con medio millón e importa con el otro medio la mercadería dejada de producir,
o simplemente lleva ese excedente a cuentas en inversiones exentas en el
extranjero.

Conectare los dos conceptos que desarrollamos anteriormente así, si el gasto
publico supera los dineros percibidos por el estado se deberá castigar a la
comunidad, a quien invierte, a los dueños de los medios de producción y en general
a todo aquel que busca generar riqueza a través del trabajo.

Es por esto que resulta conducente decir que se requiere de manera imperiosa, una
reestructuración de las políticas de administración de recursos, generar la
permisibilidad de intervención y participación ciudadana en dicha administración en
aras de garantizar la transparencia, reducir de manera sustancial el gasto público a
través de la verdadera descentralización, desconcentración y delegación del estado,
entregar de manera definitiva el manejo de los tributos a personal idóneo, eliminar
la intervención del estado en este majo y reducirlo a la auditoria de ejecución,
aumentar el pago de la deuda externa con el ahorro percibido, disminuir impuestos
en la proporción del ahorro y terminar entonces con un evidente aumento del ingreso
Per cápita que traducirá mejoramiento de la calidad de vida.