CREACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Autor: Dr. Evaristo Raúl Gutiérrez Armenta

 

El artículo 26 de la Constitución Política de 1991 expresa que el legislador puede exigir títulos de idoneidad respecto de determinadas ocupaciones que implican un riesgo social. De igual manera, refiere esta disposición que las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.

 

La Corte Constitucional, Sala Plena, en la Sentencia C-482 de 2002, sostuvo que de acuerdo con el citado artículo constitucional, existe reserva de ley respecto de las normas básicas conforme a las cuales se ejerce la inspección, vigilancia y control de las profesiones y la previsión de las autoridades competentes para el ordenamiento de las funciones que en relación con ellas corresponde al Estado, las cuales inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de la respectiva profesión.

 

En ese sentido, señala el Órgano de Cierre de la jurisdicción constitucional que la potestad del Congreso es amplia en la conformación del órgano o entidad encargado de las funciones respecto de las profesiones legalmente establecidas, la determinación de las funciones de inspección, vigilancia y control y la decisión de si crea un órgano o entidad de orden nacional, o si atribuye la función a la asociación profesional que se organice como colegio profesional en los términos que refiera la ley.

 

A renglón seguido, se resalta que de conformidad con el artículo 38 de la Constitución Política de 1991, el derecho de libre asociación es garantizado para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.

 

En este escenario se encuentran los colegios profesionales, los cuales, de acuerdo con la Corte Constitucional, tienen su origen en la iniciativa privada de personas que ejercen una profesión y quieren asociarse, ya que son los particulares y no el Estado quienes determinan la creación de un colegio profesional, por cuanto este último es un desarrollo del derecho de asociación previsto en el artículo 38 del Estatuto Superior, y por ende, es indispensable considerar que la voluntad de asociarse debe surgir de los elementos sociales y no de un ser ajeno a ellos (Sentencia C-226 del 5 de mayo de 1994. Este criterio es reiterado en la Sentencia C-964 del 1 de diciembre de 1999.)

 

De acuerdo con la mencionada Sentencia C-226 del 5 de mayo de 1994, estos colegios están previstos, de forma general, en el artículo 38 de la Constitución Política, y particularmente, en el artículo 26 de la misma. Son corporaciones de ámbito sectorial con una naturaleza privada, o en otros términos, son grupos de personas particulares asociadas, los cuales se trazan un objetivo en común, por consiguiente, corresponden a una manifestación específica de la libertad de asociación prevista en la Carta Política.

 

Es pertinente resaltar, a su vez, que estos colegios deben estar dotados de una estructura interna y funcionamiento democrático, y se les pueden encomendar funciones públicas por mandato legal, particularmente la ordenación, conforme a la ley, del ejercicio de la respectiva profesión, configurando lo denominado como descentralización por colaboración de la administración pública.

 

Se afirma que la ley puede regular la estructura y el funcionamiento de los colegios profesionales, no solo porque la Constitución prevé que estos serán democráticos, sino porque a la luz del artículo 26 de la Constitución Política, la ley “podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”, y además, también puede estimular su desarrollo a fin de suplir, eventualmente, una dificultad de autoconvocatoria de las fuerzas sociales. No obstante, se enfatiza en la imposibilidad de ser creados directamente por la Ley.

 

Sin perjuicio de las ideas previamente desarrolladas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha advertido que la iniciativa popular no es suficiente por sí misma para la creación del colegio particular, por cuanto se requiere que se congreguen, bajo una estructura democrática, personas pertenecientes a una profesión legalmente reconocida (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-470 del 14 de junio de 2006).

 

En pronunciamientos más recientes, este Tribunal Supremo, en su Sala Plena, decantó que con el mandato del artículo 26, la Constitución busca garantizar que puedan hacer parte del colegio, de sus órganos de decisión y de gestión quienes acrediten los requisitos legales para ejercer la profesión respectiva legalmente constituida en Colombia, sin exigencias adicionales.

 

Lo anterior es determinado por las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional con la finalidad de evitar la creación de instrumentos de defensa de intereses particulares, es decir, los colegios no son círculos cerrados o exclusivos a los que solo pueden ingresar y acceder una reducida clase de personas, ya que por el contrario, su finalidad es permitir el acceso de la totalidad de los profesionales que deseen vincularse a ellos, en igualdad de oportunidades y solo con la condición de hacer parte de una determinada profesión legalmente reconocida en Colombia (Sentencia C-074 del 18 de julio de 2018).

 

Una vez expuesto lo previamente mencionado, se recalca que los pronunciamientos de la Corte han hecho hincapié en la diferencia existente entre estos y las asociaciones de profesionales al resaltar los siguientes aspectos:

 

  1. Por expreso mandato constitucional, los colegios profesionales deben: (i) ser democráticos y (ii) representar de forma global a quienes ejercen determinada profesión y no pueden convertirse simplemente en voceros de una clase especial o determinada de un gremio profesional.
  2. Las asociaciones de profesionales son autónomas para decidir: (i) si adoptan o no una estructura y un funcionamiento democrático y (ii) si representan los intereses de todo un gremio o de una parte de él.

 

Bajo esta óptica, se puede colegir que los colegios profesionales se originan en una iniciativa particular en ejercicio del derecho de libre asociación, bajo una estructura democrática, de personas que ostenten una profesión legalmente reconocida. Si bien su creación no deriva de una ley de la República, esta les otorga funciones públicas, regula lo atinente a su estructura, funcionamiento democrático y establece los debidos controles, al tenor de párrafo segundo del artículo 26 de la Constitución Política.

Y se reiteran las diferencias existentes entre los colegios con otras figuras de asociación, como las asociaciones profesionales, ya que los primeros representan globalmente a quienes ejercen una profesión respectiva que esté reconocida en Colombia y se organizan democráticamente, mientras que los segundos tienen autonomía para decidir si representarán los intereses de una parte de un gremio y si se organizan o no de forma democrática.

 

 

Síguenos en redes sociales
Compartir
error: